Nuevo 2019 – Vídeo donde Grupo Sombra descuartiza a cuatros con una hacha al estilo de los Zetas y manda mensaje a ‘Chapulines’
El proceso legal relacionado con el tráfico de estupefacientes se rige por el Código de Procedimiento Penal de Colombia.
Nuevo 2019 – El vídeo más horripilante donde a sangre fría degollan vivos a dos «Chapulines» en Veracruz
El asesoramiento lawful es uno de los servicios más importantes que puede proporcionar un abogado experto en extradiciones en Brasil.
Este derecho es la pieza fundamental de la investigación, se desarrollará a lo largo de la misma, pero se anticipa que el Tribunal Constitucional hace una interpretación extensa de lo que se denominan los elementos de las actuaciones.
La boliviana había llegado a Chile por una oferta de trabajo y no estaba al tanto de que era usada como moneda de cambio para liberar a una narcotraficante chilena. En la sentencia de la causa, seguida en la fiscalía neighborhood de Los Andes, se lee lo siguiente: “Luego de proceder a la incautación de la droga y la detención de las personas que trajeron a la ciudadana boliviana, se logró determinar que en sucesivas reuniones sostenidas por los coimputados con el abogado Gabriel Ruiz, en el mes de marzo de 2007, fue este quien impulsó el plan delictual con los coimputados, señalándoles que para lograr la libertad de la madre de uno de ellos, period necesario dejar a otra persona presa con una cantidad igual o top-quality de droga”. En un juicio abreviado de 2009, Gabriel Ruiz Gallardo outcomeó condenado a tres años de pena remitida por tráfico de cocaína. La pena no le impidió seguir participando de causas por narcotráfico.
España pertenece a la Unión Europea desde 1986, y el cumplimiento y aplicación normativa de la Unión es esencial para alcanzar los objetivos dispuestos en sus Tratados. Uno de los instrumentos utilizados por la Unión para alcanzar la armonización de todos sus integrantes son las directivas.
No, si ha cumplido su condena en Brasil por el mismo delito, no puede ser extraditado por ese delito.
Como abogado, seguiré trabajando para garantizar que los derechos de mis clientes se protejan y que el sistema de justicia read more funcione de manera justa y equitativa.
No tuvo que investigar mucho para darse cuenta de que Colombia era una mina de oro para su proyecto laboral. A Comienzos de los ninety logró una cita con Carlos Castaño, el máximo narcoparamilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien fue uno de sus primeros clientes grandes, quien lo referenció con otros narcos a quien defendió ante las cortes de Estados Unidos, logrando excelentes acuerdos que le empezaron a hacer nombre en el mundo de las drogas y el paramilitarismo.
Esto no es nuevo, pues en el año 2017 se dio a conocer que para pertenecer a este grupo de narcotraficantes, la iniciación consta de comer carne humana.
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Es al detenido, después de ser informado sobre las razones fácticas y jurídicas de la detención y antes de ser interrogado policialmente por primera vez, a Bufete de abogados de Interpol quien corresponde instar el ejercicio de su derecho, solicitando justificadamente los elementos de las actuaciones a los que quiere acceder. Una vez solicitado, el acceso debe producirse de forma efectiva, mediante exhibición, entrega de copia o cualquier otro método que, garantizando la integridad de las actuaciones, permita al detenido conocer y comprobar por sí, o a través de su letrado, las bases objetivas de su privación de libertad. En caso de discrepancia con los agentes policiales sobre qué elementos de las actuaciones son esenciales en el caso concreto, podrá activar la garantía del Habeas Corpus para que la autoridad judicial dirima la controversia. En el presente supuesto los policías no informaron al solicitante de todos los indicios racionales por los que realizaron la detención, lo que no permitieron al detenido cuestionar fundadamente su privación de libertad (a pesar de que la detención fue practicada correctamente por los funcionarios policiales, cumpliendo los requisitos del artículo 492.
d. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.